El caso de presunta violación dentro de la Facultad de Derecho de la UASLP adquiere un matiz político luego de que se revelara que Santiago N., representante de la Federación Universitaria Potosina y señalado como uno de los implicados, cuenta con el respaldo de un diputado morenista que presidió la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Fuentes cercanas al caso señalan que esta protección política ha generado preocupación entre estudiantes y familiares sobre la posibilidad de que el implicado reciba trato privilegiado.

El hecho ocurrió en un contexto donde la dirección de la Facultad había otorgado espacios de operación a la Organización Plural Universitaria, grupo al que pertenece Santiago N., mientras que la madre de la víctima presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, evidenciando la tolerancia histórica a situaciones de acoso y negligencia en la universidad.

Este vínculo abre un debate sobre la interferencia de intereses partidistas en casos de violencia dentro de instituciones educativas.