Un grave hecho de violencia sexual sacude a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una estudiante de la Facultad de Derecho denunció haber sido violada dentro de los baños del plantel por tres compañeros y un hombre ajeno a la institución, el viernes 17 de octubre, en pleno horario escolar.

La denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado describe un entorno de impunidad, pues los agresores permanecieron durante horas dentro de la universidad bebiendo alcohol y consumiendo marihuana, sin que personal docente ni de seguridad interviniera.

Entre los señalados está Santiago Salazar Rebolledo, representante de la Federación Universitaria Potosina en Derecho y militante de Morena, acusado de ser autor intelectual y material del ataque. Fuentes universitarias sostienen que el rector Alejandro Zermeño Guerra le ha otorgado privilegios y tolerancia, incluyendo una oficina dentro de la Facultad, desde donde operaba su grupo “Organización Plural Universitaria”, señalado por realizar convivencias con consumo de alcohol y drogas.

El caso explotó dentro de los propios canales estudiantiles. En un grupo de Facebook de la Facultad de Derecho, alumnos difundieron una denuncia pública que señalaba directamente a Salazar y a sus compañeros. En la publicación, los estudiantes lo acusaron de representar falsamente a la comunidad universitaria y de utilizar sus vínculos para protegerse políticamente. También denunciaron que la consejería estudiantil eliminó las publicaciones, en un intento de silenciar las voces que exigían justicia.

La madre de la víctima presentó una denuncia formal no solo contra los agresores, sino también contra la universidad, señalando negligencia institucional y encubrimiento. Las omisiones alcanzan al director Germán Pedroza Gaitán y al coordinador José Miguel Meave Llarena, quienes habrían permitido la salida del sujeto externo involucrado y no preservaron la escena del crimen.

Este nuevo escándalo se suma a protestas recientes en la Facultad de Economía, donde alumnas acusan al rector Zermeño de encubrir a un profesor señalado por acoso sexual, evidenciando un patrón de protección y silencio institucional.

Hasta ahora, la UASLP no ha emitido postura oficial. La comunidad universitaria exige que se rompa la cadena de complicidades y se castigue tanto a los responsables directos como a quienes permitieron que un hecho de esta magnitud ocurriera dentro de un espacio académico.