La Universidad Autónoma de San Luis Potosí comunicó la expulsión de dos alumnos y la destitución de funcionarios, incluyendo a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, y al director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán, como respuesta a los hechos ocurridos dentro de sus instalaciones.

El anuncio llega varios días después de que se conociera la situación, periodo durante el cual la comunidad estudiantil expresó su indignación a través de protestas y bloqueos. La tardanza expone deficiencias en los mecanismos de prevención y reacción, que en el pasado han dificultado la atención oportuna de denuncias por acoso y violencia.

La UASLP señaló que estas medidas forman parte de una revisión de sus protocolos, aunque persisten dudas sobre la efectividad real de los mecanismos existentes y sobre la capacidad de la institución para proteger a quienes denuncian sin esperar presión externa.

Este caso evidencia la necesidad de una transformación más profunda en la gestión de la violencia dentro de la universidad, más allá de las medidas disciplinarias inmediatas, para garantizar entornos seguros y confiables para toda la comunidad académica.