La reciente detención de uno de los presuntos responsables de la agresión sexual ocurrida en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) representa un paso firme hacia la aplicación de la justicia y el combate a la impunidad, coincidieron los diputados Héctor Serrano Cortés y Leticia Vázquez Hernández.

El diputado Héctor Serrano destacó que la acción de la Fiscalía General del Estado (FGE) genera certidumbre social y confianza en las instituciones. “Es de reconocer la actuación pronta por parte de la Fiscalía para detener a uno de los presuntos responsables, pues con su declaración se obtendrán los elementos que permitan capturar a las demás personas involucradas”, señaló.

Asimismo, exhortó a las autoridades universitarias a actuar con responsabilidad y transparencia. “Desde un principio minimizaron los hechos y después justificaron las manifestaciones estudiantiles señalando la presencia de infiltrados. Lo que se vio fue un reclamo legítimo de la comunidad universitaria que debemos valorar y respetar”, afirmó.

Serrano Cortés insistió en que los presuntos responsables debieron haber sido puestos a disposición de las autoridades sin demora, al haberse cometido los hechos dentro de las instalaciones universitarias. “Las autoridades de la UASLP y la Fiscalía deben realizar investigaciones a fondo para sancionar tanto a los autores directos como a quienes incurrieron en omisión”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, subrayó que la detención envía un mensaje claro: en San Luis Potosí no hay impunidad ni tolerancia hacia la violencia de género.

“Es un avance importante; la Fiscalía ha trabajado de manera constante y eficaz. Su actuación inmediata manda un mensaje contundente: cero violencia contra las mujeres”, apuntó.

Vázquez Hernández también urgió a la UASLP a implementar y firmar los protocolos de atención a víctimas de violencia ante la Secretaría de las Mujeres, ya que —según dijo— es la única institución educativa estatal que aún no lo ha hecho.

“Deben colaborar y firmar esos acuerdos de manera inmediata. La falta de protocolos está reflejándose en los resultados ante casos como este”, advirtió.

Ambos legisladores coincidieron en que el caso debe marcar un precedente para que las instituciones educativas refuercen sus políticas de prevención y respuesta ante actos de acoso, abuso y violencia sexual dentro de los espacios universitarios.