La diputada federal por Morena, Briseida García Antonio, originaria de San Luis Potosí, presentó una iniciativa que ha generado fuerte controversia, pues pretende que los zoológicos del país donen los restos de animales muertos, ya sea enteros o por partes, a comunidades indígenas y afro mexicanas, bajo el argumento de que serían utilizados con fines culturales y rituales.

Aunque el planteamiento se presenta como una acción de inclusión y respeto a las tradiciones, especialistas y organizaciones ambientales advierten que podría abrir la puerta a prácticas insalubres y a la expansión del tráfico ilegal de especies. La propuesta no fue consultada con instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni con expertos en conservación, lo que deja fuera la opinión técnica sobre las implicaciones ecológicas y legales.

México ocupa el quinto lugar mundial en tráfico de vida silvestre, por lo que, de aprobarse, la reforma podría facilitar la manipulación y comercialización irregular de animales protegidos, sin un sistema que garantice la trazabilidad de los restos donados. Activistas alertan que esta laguna legal permitiría encubrir la caza y el comercio ilícito bajo un supuesto amparo cultural.

Además, la iniciativa contradice la Ley General de Bienestar Animal, que prohíbe expresamente el uso de animales en rituales que impliquen sufrimiento o degradación. Con ello, el planteamiento de la diputada no solo genera incertidumbre jurídica, sino que pone en riesgo la conservación de especies en peligro crítico y la integridad de los ecosistemas, al amparo de una mal entendida “sostenibilidad cultural”.