El diputado morenista Arturo Federico Ávila Anaya presentó una polémica iniciativa que atenta contra la fe, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 28 de octubre y plantea una adición al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En apariencia, busca regular la neutralidad digital; en el fondo, pretende sujetar la palabra de fe al escrutinio de la Secretaría de Gobernación y de la Agencia de Transformación Digital.

Con argumentos de “modernización” y “derechos humanos”, la propuesta promete garantizar el respeto y la convivencia digital. Pero su redacción es ambigua y su intención evidente: restringir los mensajes religiosos en redes sociales, impedir que líderes espirituales se pronuncien sobre temas morales o sociales, y convertir la libertad de predicar en una concesión del poder.

La reforma faculta a la Secretaría para vigilar transmisiones, publicaciones y algoritmos de contenido religioso. Los mensajes que no encajen con la narrativa oficial podrían ser bloqueados, mientras que las asociaciones religiosas tendrían que presentar informes periódicos de sus actividades digitales. En seis meses, toda comunidad de fe deberá “regularizarse” o enfrentar sanciones.

Expertos advierten que se trata de una censura legal disfrazada de regulación. La ambigüedad del concepto “discurso de odio” abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, pues lo que hoy es una enseñanza moral, mañana puede considerarse intolerancia. Así, el Estado no solo se erige como árbitro del credo, sino como censor del pensamiento espiritual.

La iniciativa también contradice el artículo 24 de la Constitución, que garantiza la libertad de profesar, practicar y difundir la religión. Al colocar al gobierno como vigilante de los contenidos de fe, se rompe con la neutralidad del Estado laico y se institucionaliza el control ideológico. En un año previo al proceso electoral, el silencio de las conciencias puede ser tan útil como el voto cautivo.