Los recursos que Ricardo Salinas Pliego deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria, tras perder todos los frentes legales en México, ingresarán íntegramente al Erario Público Federal. El empresario enfrenta el pago simultáneo de dos obligaciones millonarias: cerca de 50 mil millones de pesos por créditos fiscales acumulados durante años y 580 millones de dólares por una deuda comercial con acreedores extranjeros. Cada pago tiene un destino totalmente distinto: los pesos irán a las arcas públicas; los dólares, a inversionistas internacionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró casi por completo la vía jurídica del magnate al ratificar siete sentencias en contra de sus empresas, con lo que quedaron firmes créditos fiscales que datan de hace hasta 17 años. El monto original —unos 35,873 millones de pesos— creció sustancialmente por recargos y actualizaciones, alcanzando alrededor de 48,356 millones. Estos recursos, una vez cobrados, engrosarán el presupuesto federal y su uso dependerá de la aprobación del Congreso de la Unión, pudiendo destinarse a programas sociales, infraestructura, seguridad o educación.

De forma paralela, un tribunal civil de la Ciudad de México revocó las medidas cautelares que habían protegido a TV Azteca del pago de 580 millones de dólares a un consorcio de acreedores extranjeros encabezado por Bank of New York Mellon y fondos como Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner. Este monto deberá entregarse directamente a los inversionistas y no guarda vínculo alguno con el fisco mexicano.

Las maniobras legales con las que Salinas Pliego prolongó durante años la resolución de sus adeudos encontraron límite con dos factores decisivos: la votación unánime de la nueva integración de la Suprema Corte, que consideró infundados los argumentos de sus empresas, y la reciente reforma a la Ley de Amparo, diseñada para evitar retrasos en el pago de créditos fiscales firmes. La modificación legal vuelve improcedentes los amparos contra actos de cobro, restringe las impugnaciones a un único recurso final y elimina la prescripción. Especialistas de la UNAM estiman que el proceso de ejecución podría quedar resuelto en un plazo máximo de un año.