Los llamados abonos “chiquitos” alcanzaron finalmente al empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que la Suprema Corte determinó que Grupo Salinas deberá pagar los adeudos fiscales que, hasta septiembre pasado, ascendían a 47 mil 407 millones de pesos, considerando multas, recargos y actualizaciones, de acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

En las próximas horas, el SAT deberá emitir la resolución definitiva de cobro dirigida a TV Azteca y Grupo Elektra, con lo que formalizará el monto y los plazos para exigir el pago inmediato, de acuerdo con fuentes consultadas por Reforma.

El empresario adelantó en un comunicado que no está dispuesto a pagar, argumentando que desconoce el monto real del adeudo. Sin embargo, la autoridad fiscal estableció que la cifra se acerca a los 50 mil millones de pesos, provenientes de casos que acumulan hasta 17 años de litigio. Con la sentencia firme, el SAT queda facultado para ejecutar los cobros.

Funcionarios explicaron que, en caso de negativa, la autoridad podrá tomar los bienes entregados en garantía —como cartas de crédito, edificios, oficinas y otros activos— y, si estos resultan insuficientes, solicitar a un juez el embargo inmediato de propiedades o incluso el congelamiento de cuentas bancarias.

En su reporte más reciente, Grupo Elektra registró ingresos totales por 201 mil millones de pesos en 2024, aunque cerró ese año con una pérdida neta de 11 mil 656 millones de pesos. Para septiembre de 2025, mantenía una disponibilidad de 42 mil 822 millones de pesos en efectivo.

Luego de que la Corte desechó en definitiva los últimos recursos de Elektra y TV Azteca contra siete créditos fiscales cuyo monto original era de 33 mil 477 millones de pesos, Grupo Salinas anunció que acudirá a instancias internacionales para denunciar lo que considera una persecución política y cobros “dobles e inconstitucionales”.

A través de un comunicado, el consorcio acusó a la Suprema Corte de violar el Estado de Derecho al avalar lo que llaman cobros excesivos, situación que, afirmaron, lanza una señal de alerta a la confianza empresarial y a las inversiones en México.