Durante la audiencia realizada este martes en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público Federal presentó a seis testigos —entre ellos cuatro funcionarios de la fiscalía estatal de Veracruz— para acreditar que Javier Duarte habría entorpecido en repetidas ocasiones el avance del proceso por desaparición forzada, lo que afectaría su aspiración de obtener la libertad anticipada.

Denisse Moreno Córdova, fiscal auxiliar de la Fiscalía Especializada en Denuncias por Personas Desaparecidas de Veracruz, explicó que desde 2021 la audiencia inicial se retrasó en al menos seis ocasiones. Señaló que el exmandatario no acudió a la diligencia programada para el 11 de agosto de ese año argumentando contacto con internos contagiados de covid-19, y que posteriormente se negó a participar en modalidad virtual pese a que su defensa estaba debidamente notificada.

Ante estas conductas, la fiscalía veracruzana solicitó apoyo a la entonces titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, para ejecutar la orden de aprehensión por desaparición forzada, cumplimentada el 3 de diciembre de 2021. Aun así, la audiencia inicial volvió a posponerse en febrero de 2022 debido a un amparo promovido por la defensa.

No fue hasta el 16 de noviembre de 2022 cuando Duarte finalmente fue imputado. Ese día, abandonó la audiencia por supuestos malestares estomacales, aunque posteriormente fue regresado a la sala en silla y bajo custodia penitenciaria. Para la FGR, estos hechos muestran una conducta obstruccionista. Manuel Granados Quiroz, titular de la Oficina de Asuntos Relevantes, afirmó que los seis intentos por retrasar la audiencia reflejan una actitud incompatible con el requisito de buena conducta.

La jueza de control, Ángela Zamorano Herrera, ordenó un receso antes de escuchar los alegatos finales tanto de la FGR como de la defensa de Javier Duarte, tras lo cual determinará si el exgobernador puede o no acceder al beneficio de libertad anticipada.