El Senado de la República aprobó por unanimidad —con 110 votos— la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que crea un tipo penal único y fija castigos que van de 15 a 42 años de prisión. La legislación busca frenar uno de los delitos de mayor impacto en México y reducir los márgenes de impunidad.

El dictamen, que fue modificado en comisiones respecto al enviado por la Cámara de Diputados, ajustó 25 artículos y elevó el tipo penal básico a un rango de 15 a 25 años de cárcel, al que podrán sumarse agravantes distribuidas en 34 supuestos dependiendo de la modalidad del ilícito.

Entre los cambios más relevantes destaca que la pena máxima, de 42 años, aplicará principalmente para quienes operen desde centros penitenciarios, se ostenten como integrantes del crimen organizado o ejerzan violencia física o moral. También se castigará con esa pena a quienes realicen extorsiones vinculadas a los llamados montachoques.

La ley también contempla sanciones de hasta 37 años para quienes extorsionen a migrantes o utilicen información privada de las víctimas, y de hasta 33 años por cobro de piso a sectores empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos y pesqueros. Esta última penalidad se aplicará también a quienes exijan pagos a candidatos o funcionarios electos.

Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas reconocieron que la extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra, debido al miedo de las víctimas. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que el nuevo marco legal “cierra rendijas a los extorsionadores” y dota al país de una herramienta más sólida para combatir un delito que causa afectaciones patrimoniales, daños psicológicos y un profundo desánimo social cuando queda impune.