Zacatecas atraviesa una de las crisis más graves de desapariciones en el país, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años y que mantiene en alarma permanente a organismos civiles, colectivos de búsqueda y a la propia ciudadanía. La situación, marcada por violencia extrema y ausencia de resultados institucionales, ha convertido al estado en un símbolo del deterioro de la seguridad nacional.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) reportó que 2023 fue el año con más desapariciones desde que se tiene registro, una cifra que refleja la urgencia de medidas efectivas y coordinadas. El incremento sostenido de este delito, identificado desde 2010, alcanzó su punto más crítico el año pasado, con 649 personas desaparecidas, la mayoría de ellas aún no localizadas.

En este contexto, los últimos tres años se han vuelto especialmente devastadores, al concentrar los números más altos de casos en la entidad. La gravedad de la tendencia llevó a madres buscadoras y familiares a conformar en 2023 la Unión de Colectivos de Personas Desaparecidas del Estado de Zacatecas, una organización que busca visibilizar la problemática y exigir acciones tangibles al gobierno para enfrentar la emergencia.

La escalada ocurre en medio de un clima de violencia generalizada que posiciona a Zacatecas entre los estados más peligrosos del país. En 2024, la tasa de homicidios llegó a 29.7 por cada 100,000 habitantes, un indicador que evidencia un entorno propicio para la comisión de desapariciones y que complica aún más la labor de búsqueda. Esta inseguridad constante obstaculiza los esfuerzos ciudadanos y acrecienta el riesgo para quienes participan en operativos de localización.

A la crisis se suman hechos recientes que profundizan la preocupación social. El colectivo “Sangre de mi Sangre” denunció que en la comunidad Sauceda de la Borda —ubicada a unos 10 kilómetros de Guadalupe y Zacatecas— siete jóvenes fueron privados de la libertad en un lapso de apenas dos semanas. Además, el hallazgo de siete cuerpos en la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí derivó en un conflicto entre corporaciones policiacas, luego de que elementos zacatecanos acusaran a agentes potosinos de “sembrar” los cadáveres, pese a que estos actuaban en respuesta a una llamada de auxilio dentro de convenios de colaboración.

Frente a este panorama, la exigencia social es contundente: las autoridades deben intensificar las investigaciones, coordinar esfuerzos interinstitucionales y priorizar medidas de prevención y seguridad pública. Mientras persista la falta de resultados y claridad en las indagatorias, cientos de familias continuarán viviendo en la angustia, enfrentando una emergencia que, lejos de detenerse, muestra señales de seguir agravándose.