Margarito Terán López volvió con la misma cantaleta de cada año: pedir aumento a la tarifa del transporte público, ahora hasta 15 pesos por viaje, alegando que con los 12.50 pesos actuales “ya no alcanza” para operar por el costo de llantas, combustible, refacciones y salarios.

El problema es que ese argumento se repite sin que la ciudadanía vea mejoras reales. Ni la inflación ni el precio de la llanta explican, por sí solos, un servicio que históricamente ha sido de los más rezagados, con unidades deterioradas, fallas constantes y una operación que en muchos casos parece más una presión política que una verdadera estrategia de modernización. A estas alturas, el mensaje que se manda es simple: o Terán es un pésimo administrador, o el modelo que encabeza no es negocio; pero en cualquiera de los dos escenarios, la ciudadanía no tiene por qué pagar el costo.

Más grave aún: el aumento se plantea como si fuera un ultimátum. No se puede “jugar” con la necesidad de movilidad de miles de familias ni usar un servicio deficiente como mecanismo para condicionar o presionar a las autoridades. Pedir más dinero ofreciendo lo mismo —o peor— no es negociación: es intentar secuestrar la decisión pública con el pretexto de la operación.

Y los hechos lo desmienten. Hoy existe una comparación directa y contundente: Metro Red, operado por el Gobierno del Estado, ofrece transporte gratuito y con unidades que han elevado el estándar; y Grupo Tangamanga, competencia directa del grupo que representa Terán, ha invertido en unidades y operación. Es decir: sí se puede, cuando hay planeación, inversión y compromiso.

En ese contexto, la pregunta es inevitable: si realmente no es negocio, la salida no es cargarle la cuenta a la gente. Que lo deje. Porque lo que no es aceptable es pretender cobrar como primer nivel mientras se presta el peor servicio posible.