El gobierno de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de haber utilizado la embajada de Venezuela en México como parte de una estructura para gestionar el retorno de los beneficios obtenidos por la venta de cocaína en territorio estadounidense. De acuerdo con el expediente presentado por el Departamento de Justicia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, México no solo funcionaba como país de tránsito, sino como un nodo estratégico para las operaciones financieras y logísticas del narcotráfico.

En la imputación judicial, que también incluye a su esposa, a su hijo y a otros altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, se señala que organizaciones criminales mexicanas como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa habrían sido aliadas clave para el traslado de drogas y el manejo de las ganancias. Según el documento, estas redes facilitaban el contrabando de cocaína hacia Estados Unidos aprovechando su control de rutas y experiencia en el tráfico transfronterizo.

Uno de los señalamientos centrales indica que entre 2006 y 2008, cuando Maduro se desempeñaba como ministro de Asuntos Exteriores, se habrían vendido pasaportes diplomáticos a delincuentes para permitirles transportar desde México hacia Venezuela dinero proveniente del narcotráfico. La acusación sostiene que aeronaves privadas llegaban a México con aviso previo a la embajada venezolana, donde, bajo el amparo de privilegios diplomáticos, se cargaban los recursos antes de regresar a Venezuela.

El expediente también describe operaciones marítimas de gran escala, en las que contenedores con varias toneladas de cocaína salían de Venezuela con escala en puertos mexicanos rumbo a Estados Unidos, presuntamente protegidos por estructuras militares. Asimismo, se menciona la posterior vinculación con el Cártel de Sinaloa y el financiamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, bajo la protección de altos mandos del aparato de inteligencia venezolano, reforzando la tesis estadounidense sobre una red de narcotráfico con respaldo estatal.