El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó este lunes a una jueza federal que rechace la petición presentada por el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, quienes buscan frenar el despliegue de agentes federales de inmigración ordenado por la administración de Donald Trump. La demanda sostiene que la operación es inconstitucional, argumento que fue desestimado por el gobierno federal.

En un escrito judicial, la administración Trump acusó a las autoridades estatales y locales de pretender ejercer un “veto” sobre la aplicación de la ley federal, calificando la demanda como “absurda”. El documento señala que aceptar la petición implicaría subordinar la supremacía de la ley federal a decisiones locales, lo que, a juicio del gobierno, vulnera el marco constitucional.

La demanda fue presentada la semana pasada, luego de que funcionarios de Minnesota compararan el despliegue de agentes de ICE con “una invasión federal” y alegaran violaciones a la Décima Enmienda. El caso se suma a acciones legales similares promovidas por Illinois y la ciudad de Chicago, que acusan al Departamento de Seguridad Nacional de generar temor entre comunidades migrantes mediante operativos masivos.

La jueza Katherine Menendez celebró una audiencia preliminar y decidió no emitir una orden de restricción temporal, aunque aclaró que su decisión no prejuzga el fondo del asunto. Indicó que el caso plantea “cuestiones novedosas en el derecho constitucional” y anunció que analizará la solicitud de forma acelerada. Los abogados de Minnesota tienen plazo hasta el jueves para responder.

En paralelo, el Departamento de Justicia anunció que apelará una orden judicial que limita la actuación de agentes federales durante protestas pacíficas en Minnesota. Dicha resolución prohíbe arrestos sin causa justificada y el uso de ciertos métodos de control de multitudes, medida que fue criticada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Las tensiones aumentaron tras una protesta realizada el domingo en una iglesia de St. Paul, donde un pastor vinculado a ICE oficiaba un servicio religioso. El evento fue interrumpido y derivó en el inicio de una investigación federal. El expresidente Trump calificó a los manifestantes como “agitadores e insurrectos” y afirmó que deberían ser encarcelados o expulsados del país.

Mientras tanto, el Pentágono ordenó a cerca de mil 500 soldados mantenerse en alerta ante un posible despliegue en Minnesota, aunque aclaró que esto no implica una movilización inmediata. Las protestas contra ICE continúan en distintos puntos del estado, particularmente en Minneapolis-Saint Paul, en un contexto de creciente confrontación entre autoridades federales y locales.