La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión del Gabinete de Seguridad Nacional de trasladar a Estados Unidos a 37 personas procesadas por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico de armas y personas, al subrayar que se trató de una determinación soberana del Estado mexicano. Aclaró que la solicitud fue realizada caso por caso por el Departamento de Justicia estadounidense y no por el presidente Donald Trump.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum rechazó que el traslado responda a presiones políticas del gobierno estadounidense y aseguró que cada expediente fue evaluado con base en criterios de seguridad nacional. Señaló que la prioridad fue determinar si la medida contribuía a disminuir la violencia en el país y fortalecer la estrategia de seguridad.

La mandataria precisó que este traslado, el tercero en el primer año del nuevo mandato de Trump, eleva a 92 el número de presos de alto perfil enviados a Estados Unidos. Indicó que entre ellos se encuentran figuras relevantes de organizaciones criminales, así como operadores y colaboradores de distintos grupos delictivos considerados de alto impacto para ambos países.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el envío de los detenidos y lo calificó como una muestra de la “voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles”. Añadió que la cooperación bilateral en materia de seguridad se ha intensificado de manera histórica desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Sheinbaum reiteró que el traslado forma parte de los mecanismos de coordinación entre México y Estados Unidos, sin implicaciones adicionales para la soberanía nacional. Explicó que algunos de los detenidos habían sido capturados en múltiples ocasiones y que su permanencia en el sistema judicial mexicano no había logrado frenar su reincidencia.

Finalmente, la presidenta advirtió que, en caso de que las autoridades estadounidenses obtengan información relevante de los detenidos a cambio de beneficios legales, México solicitará el intercambio de esos datos. Asimismo, afirmó que el Gobierno mexicano reclamará los bienes que correspondan al país si se confiscan propiedades vinculadas a estos casos.