El debate sobre el registro obligatorio de líneas celulares regresó al Senado de la República, en medio de preocupaciones relacionadas con la seguridad pública, la protección de datos personales y la capacidad técnica de las empresas operadoras. En este contexto, el PRI planteó modificar el calendario establecido en la ley para cumplir con esta obligación.

El senador Pablo Angulo Briceño presentó una iniciativa para reformar el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el propósito de ampliar de 12 a 24 meses el plazo para completar el registro de líneas móviles en todo el país. La propuesta busca que el proceso sea más gradual y técnicamente viable.

El legislador señaló que, aunque el registro pretende combatir delitos como la extorsión, el fraude y el uso indebido de líneas telefónicas, una implementación acelerada podría generar efectos negativos, como la exclusión digital de sectores vulnerables, especialmente en comunidades rurales y entre personas adultas mayores o sin acceso constante a plataformas digitales.

La iniciativa surge luego de que, el pasado 10 de enero, se evidenciaran vulnerabilidades en la plataforma de la empresa Telcel, apenas un día después del inicio del registro. De acuerdo con especialistas, la falla permitió la posible filtración de datos de usuarios. Aunque la empresa anunció medidas adicionales de seguridad, persisten advertencias sobre riesgos similares en otras compañías obligadas a cumplir con el esquema.

El documento legislativo plantea que el nuevo plazo para el registro se extienda del 30 de junio del presente año al 30 de enero de 2028, lo que permitiría una implementación escalonada y con mayores controles de seguridad. “La visibilidad operativa será alta, pues será gradual, segura y escalable”, señala el texto.

Aunque se reconoce que más del 90 por ciento de los países cuentan con algún mecanismo de registro de tarjetas SIM, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la GSMA, la iniciativa subraya que en muchos casos los plazos originales tuvieron que ampliarse por problemas de inclusión digital y protección de datos personales.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación. Su aprobación dependerá del consenso entre los grupos parlamentarios y de la evaluación de los impactos sociales, tecnológicos y económicos que implica el registro obligatorio de líneas celulares en México.