La Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrenta una nueva oleada de cuestionamientos tras revelarse que su Unitienda facturó más de 2.7 millones de pesos en conceptos como ropa íntima y tops deportivos durante la gestión de Marco Antonio Aranda Martínez, en un contexto marcado por la resistencia institucional a la fiscalización.

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, confirmó que la revisión del presupuesto universitario continúa, pese a que el rector Alejandro Zermeño Guerra se ha negado a permitir una auditoría integral. El auditor subrayó que el análisis no se centra en los artículos adquiridos, sino en el manejo general de los recursos.

De acuerdo con Lecourtois López, la UASLP se ampara en el argumento de que sus ingresos propios son recursos autónomos que no deben ser supervisados. Sin embargo, sostuvo que esta postura carece de sustento legal y evidencia un intento por evitar que se revisen partidas que hoy despiertan serias dudas.

La preocupación se intensifica ante la posibilidad de compras fantasma y del uso discrecional de recursos para beneficiar a personajes específicos. En ese escenario, destacó el caso de Marco Antonio Aranda Martínez, quien además de estar vinculado a las facturaciones irregulares, accedió a una jubilación excepcionalmente onerosa, con un bono adicional de 133 mil 309 pesos.

Finalmente, el auditor cuestionó el discurso recurrente de la universidad sobre la falta de recursos, al señalar con ironía que “sí falta mucho dinero, pero para hacer mal las cosas”. Advirtió que la ASE mantendrá la revisión de la cuenta pública y que, si persiste la cerrazón de la UASLP, el caso podría escalar hasta una denuncia penal.