La Unitienda de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está hoy en el centro de un escándalo financiero que exhibe manejos irregulares y una alarmante falta de control interno. Bajo la gerencia de Marco Antonio Aranda Martínez, el espacio universitario registró facturaciones por más de 2.7 millones de pesos en ropa íntima y tops deportivos, un monto que contrasta de forma brutal con ejercicios anteriores.

En 2021, el gasto anual en este tipo de mercancía apenas alcanzó los 44 mil 460 pesos. Sin embargo, entre 2022 y 2024, ya con Aranda Martínez al frente, el acumulado se disparó hasta los 2 millones 379 mil 434 pesos, sin que existiera una justificación clara de la demanda, el destino o el impacto real de esas compras dentro de la comunidad universitaria.

Las sospechas se profundizan con testimonios del propio personal de la Unitienda, quienes aseguran que gran parte de la mercancía facturada nunca ingresó físicamente al almacén. De manera reveladora, los pagos a la proveedora señalada se interrumpieron de inmediato tras la salida del funcionario, lo que refuerza la percepción de un esquema diseñado para el desvío de recursos.

El nombramiento de Aranda Martínez como gerente, con un salario mensual de 85 mil pesos y sin experiencia comprobable en el ámbito comercial, fue señalado desde el inicio como una designación a modo. De acuerdo con diversas denuncias, el verdadero objetivo era permitirle cumplir el tiempo mínimo para acceder a una jubilación con el 100% de su salario, beneficio que se concretó en julio de 2025 tras solo cinco años de servicio efectivo, acompañado de un bono adicional de 133 mil 309 pesos que sigue percibiendo.

Este beneficio contraviene de forma directa el reglamento universitario, que exige una antigüedad mínima de cinco años en el último cargo para jubilarse bajo esas condiciones, requisito que el exsecretario general de la UASLP y del Gobierno del Estado no cumplía. Para organizaciones como Ciudadanos Observando, la impunidad que rodea este caso se explica por la cercanía de Aranda Martínez con el llamado “círculo dorado” del rector Alejandro Zermeño Guerra, quien habría ignorado la normativa y promovido revisiones internas “a modo” para encubrir las irregularidades, alimentando así la persistente negativa de la rectoría a someterse a una auditoría externa que podría exhibir el alcance real del desfalco.