El Gobierno de Cuba negó de manera categórica las acusaciones de la administración de Donald Trump sobre un presunto apoyo o financiamiento a organizaciones terroristas, así como la existencia de bases militares extranjeras en la isla, argumentos utilizados por Washington para presionar políticamente a La Habana y advertir sobre la imposición de aranceles a países que suministren petróleo al país caribeño.

A través de un comunicado oficial, las autoridades cubanas afirmaron que el Estado no alberga, apoya ni permite actividades vinculadas al terrorismo o al extremismo, y subrayaron que la política nacional contempla una postura de tolerancia cero frente a la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, en concordancia con estándares internacionales.

La Cancillería explicó que cualquier contacto pasado con personas posteriormente catalogadas como terroristas ocurrió únicamente en contextos humanitarios y de procesos de paz avalados internacionalmente, siempre a solicitud de gobiernos involucrados y bajo esquemas de transparencia, descartando vínculos operativos o de respaldo político.

En ese mismo posicionamiento, el Ministerio de Exteriores negó que Cuba represente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos o que su territorio haya sido utilizado para actividades hostiles contra ese país, reiterando que no permitirá acciones dirigidas contra ninguna nación desde suelo cubano.

Finalmente, el gobierno de la isla expresó su disposición a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos en temas como combate al terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y ciberseguridad, dejando en claro que cualquier acercamiento se dará sin renunciar a la soberanía, la independencia y el respeto al Derecho Internacional.