En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el Decreto mediante el cual se declara vacante la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, con efectos a partir del 29 de diciembre de 2025, tras la renuncia irrevocable del fiscal especializado, Luis Fernando González Macías.

Con la declaratoria de vacante, el Poder Legislativo notificó formalmente al Gobernador del Estado para que, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la publicación del Decreto, envíe al Congreso una terna de profesionistas, de entre los cuales se elegirá a la persona que ocupará el cargo hasta el 19 de diciembre de 2030.

De igual manera, se informó a la persona titular de la Fiscalía General del Estado sobre la vacante en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el fin de garantizar la continuidad institucional mientras se concreta el proceso de designación del nuevo fiscal.

En el apartado de otros dictámenes, las y los legisladores aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, para obligar a los municipios a identificar y destinar reservas territoriales para parques o zonas industriales, bajo criterios de sustentabilidad, conectividad, protección ambiental y prevención de riesgos.

También se avalaron modificaciones a la Ley de Cultura del Estado y Municipios, incorporando el concepto de cosmovisión para fortalecer el respeto a las culturas indígenas, garantizar derechos culturales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como promover espacios culturales libres de violencia y una mayor participación de mujeres en las casas de cultura.

En materia educativa, se aprobó adicionar un párrafo a la Ley de Educación del Estado para promover el uso responsable de la tecnología, facultando a las autoridades educativas a definir los lineamientos para el uso complementario de celulares y dispositivos electrónicos en la educación básica.

Uno de los puntos centrales de la sesión fue la aprobación de reformas al Código Penal y a la Ley de Protección a los Animales, estableciendo penas de cuatro a siete años de prisión y sanciones económicas severas cuando el maltrato animal provoque la muerte de especies en peligro de extinción, conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Asimismo, se reformó la Ley de Desarrollo Social para obligar a los municipios a actualizar periódicamente información sobre pobreza y marginación, fortalecer la planeación social y prever recursos para atender daños ocasionados por fenómenos naturales.

En asuntos generales, el diputado Carlos Arreola Mallol fijó un posicionamiento en defensa de la soberanía nacional, en respuesta a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Finalmente, se citó a sesión ordinaria para el próximo martes 10 de febrero, a las 10:00 horas, en el Salón “Ponciano Arriaga Leija” del Congreso del Estado.