La explosión registrada en un taller de pirotecnia en la comunidad de Las Pilitas de Piedra, en Santa María del Río, dejó tres personas lesionadas con quemaduras de segundo y tercer grado, además del colapso total del inmueble donde se almacenaban materiales altamente peligrosos. El siniestro puso en evidencia los riesgos de operar este tipo de establecimientos sin controles estrictos y encendió la alarma entre habitantes de la zona.

Tras el incidente, surgieron fuertes señalamientos contra el gobierno municipal, encabezado por la presidenta Isis Ayde Díaz Hernández, por una omisión en las labores de supervisión de Protección Civil. Esta dependencia es la responsable de inspeccionar y regular talleres de alto riesgo, por lo que la operación del lugar ha generado dudas sobre la eficacia de los mecanismos de vigilancia.

Habitantes de la comunidad aseguran que el taller funcionaba desde hace tiempo sin intervención de las autoridades, a pesar de almacenar clorato de potasio, azufre y pólvora, sustancias que requieren autorizaciones especiales y una supervisión constante. Estas versiones alimentan la sospecha de que existieron fallas graves en la aplicación de la normativa o una permisividad que ahora tiene consecuencias visibles.

A los cuestionamientos se suman versiones ciudadanas que mencionan a Osiris, hijo de la alcaldesa, a quien se le atribuyen presuntas gestiones indebidas para permitir la operación de talleres pirotécnicos. Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente, han intensificado la exigencia de una investigación formal y transparente que deslinde responsabilidades y aclare si existieron redes de protección dentro del ayuntamiento.