Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) se manifestaron este 6 de febrero sobre la carretera San Luis Potosí–Matehuala para rechazar las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. Desde las 8:00 horas, operadores de pipas se concentraron en el punto para expresar que las nuevas disposiciones legales comprometen su operatividad y su fuente de ingresos.

El representante estatal de AMOTAC, Raúl Torres Mendoza, informó que enviaron un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el que exponen las implicaciones del artículo 123 Bis. Señaló que esta reforma podría tipificar como delito federal el transporte de agua en ciertos supuestos, lo que, aseguró, impactaría el suministro a hospitales y a comunidades con escasez del recurso.

Torres Mendoza cuestionó a diputados federales y senadores por aprobar la reforma sin consultar al sector y denunció presuntas clausuras irregulares de pozos por parte de ayuntamientos. Indicó que el cierre de estas fuentes corresponde únicamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y citó como ejemplo un pozo en Soledad de Graciano Sánchez que, pese a contar con documentación vigente, fue inhabilitado sin explicación pública.

Los transportistas advirtieron que, bajo el nuevo marco legal, podrían ser puestos a disposición del Ministerio Público por realizar su actividad cotidiana. Sostuvieron que su servicio cubre fallas en el suministro de agua potable y que la reforma pone en riesgo un trabajo que consideran esencial para la zona metropolitana, por lo que exigieron la revisión inmediata del artículo 123 Bis para garantizar condiciones claras y legales para operar.

Por: Cristopher Galván.