El caso de Stella N., vinculada a proceso por violencia vicaria en Coahuila, escaló a la discusión pública luego de que un juez de control determinara que existían elementos para investigar si utilizó a sus hijos como medio para dañar a su pareja. Según la Fiscalía, la acusación apunta a una presunta manipulación de los menores en el marco de un conflicto familiar, lo que revirtió una denuncia inicial y colocó a la mujer en calidad de imputada.

La controversia se intensificó cuando la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández Mora, salió públicamente en defensa de la acusada y cuestionó que una mujer pudiera ser procesada por este delito. Sus declaraciones fueron interpretadas como una descalificación directa a la actuación judicial, al sugerir que la condición de víctima debe presumirse de forma automática en favor de las mujeres.

Tras ese posicionamiento, surgieron señalamientos sobre presuntas presiones institucionales que habrían derivado en sanciones administrativas contra el juez que vinculó a proceso a la imputada e incluso en su remoción del cargo. Aunque no se han transparentado oficialmente los detalles de estas medidas, la versión ha alimentado críticas sobre una posible injerencia política en decisiones jurisdiccionales.

El episodio ha reabierto el debate sobre la igualdad ante la ley y el alcance de la perspectiva de género en los tribunales. Juristas advierten que la intervención de funcionarios en procesos abiertos puede erosionar la confianza en la justicia, especialmente cuando se percibe un intento de influir en fallos judiciales y de otorgar un trato preferencial a una de las partes.