La colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha convertido en un punto de conflicto entre estados rojos y azules. Mientras los primeros aprueban leyes que exigen acuerdos formales de cooperación con la agencia federal, los estados gobernados por demócratas avanzan en prohibiciones que limitan la participación local en las políticas de deportación masiva.

Programas como el 287(g) permiten a la policía local colaborar con ICE en distintos niveles, desde interrogatorios en cárceles hasta patrullajes rutinarios. Estados como Florida, Texas y Georgia lideran la implementación de estos acuerdos, mientras que ciudades grandes en estados azules, como Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles, se mantienen al margen o buscan bloquear nuevas asociaciones.

La administración Trump ha intentado presionar a los estados azules mediante bloqueos de fondos y despliegues de operaciones más intrusivas, pero la resistencia local y la reacción pública han limitado su alcance. Gobernadores demócratas como Kathy Hochul en Nueva York y Michelle Lujan Grisham en Nuevo México han reforzado barreras legales contra la cooperación con ICE, reflejando un cambio significativo en la política inmigratoria desde 2024.

El resultado es un país cada vez más polarizado en torno a la aplicación de las leyes de inmigración. Los estados rojos promueven la participación activa de la policía local en la agenda federal, mientras los azules buscan proteger a sus comunidades, generando un escenario de confrontación que podría definir la capacidad del Gobierno federal para ejecutar deportaciones masivas en los próximos años.