La crisis en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí volvió a estallar luego de que alumnos de la Facultad de Ciencias bloquearan la avenida Chapultepec y su cruce con Circuito Potosí. La protesta surgió tras la agresión con arma blanca que sufrió una ex alumna, presuntamente a manos de un profesor, y derivó en exigencias directas al rector Alejandro Zermeño Guerra para que asuma responsabilidad ante lo que los manifestantes consideran una cadena de casos impunes. En las consignas se repitió una acusación central: la percepción de que la institución prioriza su imagen pública por encima de la justicia para las víctimas.

La denuncia formal señala a César Gabriel N., docente adscrito a la Facultad de Ciencias, con expedientes abiertos en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Estudiantes sostienen que la universidad conocía el caso desde enero y que su respuesta fue lenta y poco transparente, pese a la gravedad de los hechos. Esa aparente demora ha reforzado entre la comunidad la idea de un manejo interno que favorece el silencio antes que la rendición de cuentas.

El malestar se inserta en un contexto de desgaste institucional más amplio. La comunidad universitaria recuerda antecedentes recientes, como una agresión sexual entre alumnos de la Facultad de Derecho, el asesinato de un estudiante en las inmediaciones de Zona Universitaria y diversos señalamientos de corrupción. A esto se suma la circulación de imágenes relacionadas con la denunciante y la falta de una postura definitiva de la autoridad, factores que han intensificado la movilización y la solidaridad de otras facultades.

Durante la manifestación también se registró un momento de riesgo cuando un vehículo aceleró hacia los estudiantes para intentar abrirse paso. Mientras tanto, la exigencia se mantiene sin matices: justicia para la víctima y una revisión profunda de los mecanismos de protección dentro de la UASLP.