Proponen incrementar penas por incendios forestales en Código Penal de San Luis Potosí
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes provoquen incendios forestales. La propuesta busca incrementar las penas hasta en una mitad bajo circunstancias específicas que agraven el daño ambiental o social.
La iniciativa plantea que el aumento en las penas se aplique cuando el área afectada por el incendio sea igual o mayor a una hectárea, o cuando se vean perjudicados recursos forestales maderables en una cantidad igual o superior a mil metros cúbicos rollo total árbol. Este criterio busca cuantificar el impacto material de los siniestros.
Otro supuesto para la aplicación de penas mayores incluye los casos en que el responsable sea un funcionario o servidor público cuya obligación sea proteger el medio ambiente y que, teniendo conocimiento del ilícito, omita realizar sus funciones para prevenirlo, solucionarlo o sancionar a los responsables. Esto introduce un elemento de responsabilidad por omisión en cargos públicos.
Además, la reforma propone agravar las sanciones cuando el incendio sea provocado con la finalidad de obtener un beneficio económico, facilitar un cambio de uso de suelo o realizar un aprovechamiento inmobiliario sin contar con la autorización correspondiente. También aplicaría cuando el fuego ponga en peligro vidas humanas, integridad física, patrimonio, asentamientos humanos, centros educativos, hospitales, vías de comunicación o infraestructura pública.
Sánchez de Lira fundamentó su propuesta en la necesidad de proteger los ecosistemas diversos del estado, que van desde zonas semidesérticas hasta regiones de selva y bosque en la Huasteca. Argumentó que esta riqueza natural implica vulnerabilidad ante factores como altas temperaturas, sequía y expansión urbana, los cuales incrementan el riesgo de incendios cada año.
«Fortalecer el marco penal no solo tiene un efecto sancionador, sino también cumple una función preventiva», declaró la legisladora. Subrayó que provocar un incendio o permitirlo por omisión afecta a toda la sociedad y no debe considerarse una falta menor. El objetivo declarado de la iniciativa es proteger el patrimonio ambiental estatal, defender la seguridad de las comunidades y garantizar que el desarrollo económico no ocurra a costa de la destrucción del entorno natural.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso local, donde comenzará su proceso legislativo correspondiente.
