Proponen reforma legal para tipificar y sancionar la revictimización en San Luis Potosí
La diputada local Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí. El objetivo principal es incorporar de manera expresa el concepto de revictimización en el marco jurídico estatal, con el fin de obligar a las autoridades a prevenir, identificar y sancionar esta práctica.
La propuesta define la revictimización como el conjunto de acciones u omisiones, intencionales o no, que reproducen, agravan o prolongan el daño sufrido por una persona que ya ha sido víctima de un delito, violación a derechos humanos o situación de violencia. La iniciativa enfatiza que este segundo daño suele provenir de autoridades, instituciones, medios de comunicación o del entorno social durante los procesos de denuncia, atención, investigación, juzgamiento o difusión del caso.
Según la argumentación presentada por la legisladora, la ausencia de este concepto en la ley vigente genera un vacío normativo que afecta los procesos de atención, denuncia, acompañamiento institucional y acceso a la justicia. Hernández Ramírez señaló que, aunque en el discurso institucional se habla de erradicar la revictimización, en la práctica no existe un parámetro legal vinculante que obligue a las autoridades a combatirla de manera estructural.
La iniciativa destaca que esta omisión afecta desproporcionadamente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Al acudir a las instituciones estatales en busca de protección y justicia, estos grupos no solo enfrentan el daño inicial, sino también un perjuicio adicional generado por las propias estructuras institucionales. Esta situación, según la propuesta, contradice principios como la dignidad humana, la debida diligencia, el interés superior de la niñez, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado. De ser aprobada, establecería por primera vez en la legislación potosina un marco jurídico específico para combatir la revictimización dentro de los procesos administrativos y judiciales.
