Iniciativa en San Luis Potosí busca reconocer servicio social y prácticas como experiencia laboral
La diputada local Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación y a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del estado de San Luis Potosí. El objetivo principal es que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos legalmente como experiencia laboral, con el fin de facilitar el acceso de los jóvenes egresados a su primer empleo.
Rocha Medina señaló que uno de los mayores obstáculos para los recién egresados en la entidad es la exigencia de experiencia laboral previa para obtener un trabajo. La iniciativa busca que las autoridades competentes emitan certificaciones con validez oficial que detallen las actividades y competencias desempeñadas durante estos periodos, fortaleciendo así la empleabilidad futura de los jóvenes.
La propuesta plantea adicionar un tercer párrafo al artículo 30 de la Ley de Educación estatal. Este establece que las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación superior, promoverán y garantizarán dicho reconocimiento. La constancia o diploma de terminación emitido por la institución educativa deberá especificar las actividades realizadas y tendrá validez oficial como comprobante de experiencia profesional.
Asimismo, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 122 de la misma ley. Este señala que la Secretaría correspondiente emitirá lineamientos para que las constancias o diplomas de educación superior incluyan el reconocimiento del periodo de servicio social como tiempo de experiencia profesional, siempre que las actividades realizadas sean afines al perfil de egreso del estudiante.
La diputada fundamentó la necesidad de la reforma al mencionar que, a nivel nacional, el 33.4% de los egresados no encuentra empleo al salir de la universidad, y muchos de quienes sí lo consiguen terminan en áreas ajenas a su formación. La iniciativa busca armonizar los principios federales ya reconocidos en la legislación local y transformar un requisito burocrático en una herramienta real de empleabilidad.
El proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado para su análisis correspondiente.
