Congreso de San Luis Potosí alerta sobre recursos legales que buscan frenar la municipalización de Villa de Pozos
El Congreso del Estado de San Luis Potosí manifestó su preocupación ante acciones legales que, según sus integrantes, buscan detener el proceso para convertir a Villa de Pozos en el municipio número 59 de la entidad. El diputado Héctor Serrano Cortés calificó como «irresponsables» y «maliciosas» las impugnaciones presentadas, argumentando que podrían afectar el derecho de los habitantes a elegir a sus primeras autoridades en el próximo proceso electoral.
Serrano Cortés sostuvo que la creación del nuevo municipio se realizó conforme a los procedimientos legales establecidos, los cuales incluyeron la recopilación y validación de firmas de residentes de la zona. El legislador afirmó que los recursos judiciales promovidos no tienen como objetivo proteger derechos ciudadanos, sino detener un proceso que, según su versión, ya cuenta con respaldo social y legislativo.
De acuerdo con el diputado, si estas impugnaciones prosperan, se generaría un escenario de incertidumbre jurídica que podría suspender la organización electoral en la futura demarcación. Serrano Cortés explicó que el presunto objetivo de dichas acciones sería invalidar decisiones adoptadas por el Congreso local y retrasar la autonomía administrativa de Villa de Pozos.
Frente a esta situación, el Poder Legislativo estatal analiza posibles medidas legales para garantizar que el proceso electoral para elegir a las primeras autoridades del nuevo municipio se lleve a cabo. El diputado adelantó que se buscará establecer un diálogo con las instancias judiciales correspondientes para que las resoluciones se emitan con prontitud y se brinde certeza jurídica a la población antes de que avancen los plazos del calendario electoral.
El caso pone en evidencia las tensiones políticas y jurídicas que pueden surgir durante procesos de creación de nuevos municipios, donde confluyen intereses locales, marcos normativos y plazos electorales. La postura del Congreso busca defender la validez del procedimiento seguido y evitar lo que consideran un retroceso en un proceso de descentralización administrativa.
