Congreso de San Luis Potosí aprueba reformas para blindar autonomía sindical y sancionar injerencia de servidores públicos
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un decreto que modifica la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios. El objetivo central es garantizar y proteger la autonomía sindical, estableciendo un marco legal que impida la injerencia de servidores públicos en los asuntos internos de los gremios.
La reforma establece que los sindicatos deben gozar de protección contra cualquier acto de intromisión por parte de funcionarios públicos. Esta protección abarca procesos fundamentales como la constitución, funcionamiento, administración y, de manera específica, el libre desarrollo de las elecciones sindicales. También incluye las condiciones de elegibilidad, la reelección o la destitución de las directivas sindicales.
El decreto define con precisión qué se considerará actos de injerencia sindical. Entre estas conductas se encuentran coaccionar, inducir o amenazar a trabajadores para que participen o se abstengan en eventos de campaña o voten por una planilla específica. También se prohíbe ejercer presión jerárquica sobre subordinados para que expresen apoyo o rechazo público a una candidatura.
Otras acciones tipificadas como injerencia incluyen obligar a asistir a actos con fines proselitistas, condicionar servicios institucionales o permisos laborales al voto por una planilla, y ofrecer beneficios laborales como ascensos o estímulos a cambio de apoyo sindical. Asimismo, se considera falta negar derechos, capacitaciones o reconocimientos como represalia por no apoyar una opción sindical determinada, o utilizar programas sociales para inducir el voto.
Cualquier contravención a estas disposiciones será considerada una falta administrativa grave. Las sanciones correspondientes se aplicarán conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado.
La iniciativa fue presentada por el diputado Crisógono Pérez López. En su elaboración también participaron los secretarios generales de las Secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como la Presidencia Colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.
