Diputada propone reformar ley para tipificar violencia digital en San Luis Potosí
La diputada Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de San Luis Potosí, con el objetivo de precisar y estructurar la definición de violencia digital. La propuesta busca incorporar conductas como acoso, amenazas y difusión de contenido íntimo sin consentimiento, así como establecer un marco legal más claro para su prevención y sanción.
La legisladora señaló que la modificación pretende brindar mayor claridad en el apartado de violencia digital, estableciendo en la legislación de manera estructurada este tipo de violencia. Esto serviría como base para los programas de prevención, atención y erradicación a cargo de las autoridades ejecutivas estatales y municipales.
En la iniciativa se mantiene y clarifica la definición central de la violencia digital, precisando conductas rectoras como acoso, hostigamiento, amenazas, difusión o comercialización de contenido sexual sin consentimiento, entre otras. Además, se establece el catálogo de derechos humanos tutelados que resultan vulnerados, tales como la integridad, dignidad, intimidad, libertad y la vida privada de las mujeres.
La propuesta también incluye la definición de tecnologías de la información y comunicación, entendida como aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Asimismo, se introduce la premisa explícita de que esta conducta será sancionada en los términos previstos en la legislación penal y civil correspondiente.
En su exposición de motivos, la diputada indicó que la violencia digital contra las mujeres y las niñas constituye una de las manifestaciones más alarmantes y lesivas de la discriminación estructural en la era contemporánea. Agregó que el andamiaje jurídico de protección a la mujer debe guardar una armonía conceptual correcta, y que no basta con castigar el delito en el Código Penal, sino que es necesario que la norma rectora de la política pública del Estado refleje de manera estructurada este tipo de violencia.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local.
