San Luis Potosí actualiza su plan de desarrollo urbano ante cambios territoriales y ambientales
El Ayuntamiento de San Luis Potosí inició el proceso de actualización de su Plan de Desarrollo Territorial y Urbano, un instrumento que definirá las directrices de crecimiento, infraestructura y ordenamiento de la capital para los próximos años. La administración municipal sostiene que las condiciones actuales del municipio son muy distintas a las existentes cuando fue aprobado el documento vigente en 2021.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que esta revisión responde a cambios territoriales, ambientales y legales que modificaron de manera significativa la planeación urbana de la ciudad. Entre ellos destacó la declaratoria de Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito, que limita nuevas expansiones hacia esa zona y obliga a fortalecer estrategias de conservación ambiental.
Otro de los factores que influyen en la actualización es la municipalización de Villa de Pozos, proceso que modificó la extensión territorial de la capital y redujo las reservas de suelo disponibles para futuros desarrollos urbanos. Esta nueva realidad, explicó la autoridad municipal, hace necesario replantear las áreas de crecimiento y las inversiones en servicios e infraestructura.
El Instituto Municipal de Planeación (Implan) encabeza los trabajos técnicos y las consultas públicas contempladas en la legislación vigente, con la participación de especialistas, instituciones académicas, sectores productivos y ciudadanía. El objetivo es integrar distintas perspectivas para construir un documento que responda a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.
De acuerdo con la propuesta municipal, el crecimiento urbano deberá orientarse principalmente hacia la zona norte del municipio, donde existen mayores posibilidades para planificar vivienda, conectividad y equipamiento urbano de manera ordenada. La administración capitalina sostiene que este ejercicio permitirá brindar mayor certeza jurídica a las inversiones y evitar desarrollos que comprometan la prestación eficiente de servicios básicos.
