Iniciativa en San Luis Potosí propone capacitación obligatoria en derechos humanos para policías municipales
La diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa en el Congreso de San Luis Potosí para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, con el objetivo de establecer que todo el personal de seguridad pública municipal reciba capacitación sistemática, permanente y evaluada en materia de derechos humanos.
La propuesta busca modificar las atribuciones de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, para que esta instancia coordine acciones con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras autoridades competentes, con el fin de generar capacitaciones dirigidas al personal de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte.
Además, la iniciativa establece que la policía preventiva municipal deberá promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora señaló que la seguridad pública es una función esencial del Estado, orientada a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como a preservar el orden y la paz social. En ese contexto, consideró de vital importancia que los cuerpos policiales estén debidamente capacitados en derechos humanos.
Sánchez López subrayó que el personal de seguridad pública representa uno de los pilares fundamentales del Estado y constituye, en gran medida, la cara visible del gobierno ante la ciudadanía. Por ello, dijo, de su actuar depende en buena medida la vigencia efectiva de los derechos humanos en el ámbito de la seguridad, la prevención del delito y la procuración de justicia.
La diputada argumentó que la actuación de los policías debe estar guiada por el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos. En ese sentido, la iniciativa plantea que las instituciones de seguridad pública aseguren que sus integrantes cuenten con los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos fundamentales.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso local, donde se evaluará su viabilidad antes de ser sometida a votación.
