junio 30, 2026

Congreso de San Luis Potosí aprueba reforma a la Constitución y Ley Orgánica del Poder Judicial

El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría el dictamen que reforma la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de actualizar el marco jurídico de la reforma judicial, fortalecer su coherencia interna y dar mayor claridad a la operación del sistema de justicia en la entidad.

La iniciativa, presentada por la diputada María Leticia Vázquez Hernández, fue aprobada previamente en reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia. Se precisó que no se trata de expedir un nuevo ordenamiento, sino de introducir modificaciones puntuales para fortalecer la seguridad jurídica, la coordinación institucional, la integridad en el servicio público y la regularidad operativa del Poder Judicial del Estado.

Uno de los cambios propuestos es la extensión de la duración de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya que los cambios frecuentes en la titularidad pueden interrumpir planes operativos y de modernización del sistema de justicia. Será el propio Pleno del Supremo Tribunal de Justicia quien elija, de entre sus integrantes, a la persona que haya de ocupar su Presidencia.

Se replantea el procedimiento en caso de ausencias temporales por más de un mes sin licencia, así como en los supuestos de defunción, renuncia o destitución de magistrados y jueces de primera instancia. Se propone que, al actualizarse alguna de esas hipótesis, se declare vacante el cargo y se designe a una persona Secretaria de Acuerdos para ejercer el cargo respectivo, que deberá renovarse para un nuevo periodo en la elección inmediata posterior que corresponda. Esto garantiza la continuidad del ejercicio jurisdiccional a través de personas con carrera judicial, bajo estándares de profesionalismo, probidad y excelencia, hasta que se lleve a cabo un nuevo proceso de elección.

Asimismo, se plantea precisar la integración y función de la Junta de Coordinación, reconociéndola como instancia tripartita permanente de coordinación y comunicación institucional entre los órganos superiores del Poder Judicial del Estado, con participación del Supremo Tribunal de Justicia por conducto de su Presidencia, junto con el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

Otra línea de ajuste se refiere al fortalecimiento de la integridad institucional y de las condiciones normativas que favorecen un ejercicio objetivo, ordenado y confiable de la función judicial. Se incorpora un precepto específico para establecer que el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prevenir, identificar y combatir la discriminación, el conflicto de interés y la formación de redes nepóticas y clientelares, mediante acuerdos generales y demás medidas institucionales conducentes.

Se recuperan y precisan determinadas atribuciones y órganos cuya previsión expresa en la ley resulta conveniente para una mejor definición funcional del ordenamiento. Entre ellas se encuentra el reconocimiento expreso del Área de Comunicación Social como órgano de apoyo de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Se contemplan, como órganos de apoyo del Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría General, las Administraciones Judiciales de los Sistemas de Gestión, así como los demás sistemas de gestión que se creen conforme a la normatividad aplicable, el Área de Ejecuciones y el Centro de Convivencia Familiar.

La diputada Vázquez Hernández señaló que con esta reforma integral se cubren los vacíos o lagunas legales que dejó la reforma judicial y es parte del trabajo legislativo de actualización, para que las y los potosinos tengan un mejor sistema de impartición de justicia.