Congreso de San Luis Potosí exige investigar posible contaminación en el río Santa Catarina
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un exhorto dirigido a autoridades federales y estatales para que realicen una inspección en el río Santa Catarina, ubicado en el municipio de San Nicolás Tolentino, con el objetivo de determinar la calidad del agua y, en caso de confirmarse afectaciones ambientales, aplicar las sanciones correspondientes. La medida surge tras denuncias públicas de habitantes de la comunidad de Santa Catarina, quienes señalan a la empresa MAXICHEM FLOUR, S.A. de C.V., conocida como minera Koura y perteneciente al conglomerado Orbia Advance Corporation, como presunta responsable de la contaminación.
A propuesta del diputado César Arturo Lara Rocha, el Pleno del Congreso aprobó un Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí a intervenir en el caso. El legislador destacó que es un hecho público y notorio que los pobladores han denunciado presuntos actos de contaminación atribuidos a la actividad minera en la zona.
La preocupación de la comunidad radica en que el río Santa Catarina es una fuente esencial para las actividades productivas y de subsistencia de la región. Sus aguas se utilizan para el consumo animal, actividades agrícolas y la recarga de pozos artesanales que abastecen a diversas familias, lo que podría comprometer la salud de niñas, niños y adolescentes de la zona. Por ello, el exhorto busca que las autoridades realicen visitas de inspección, verificación y vigilancia en el área, así como estudios técnicos para determinar la calidad del agua y la posible presencia de contaminantes derivados de la minería.
Además, se solicita que los resultados de las investigaciones sean transparentados y comunicados tanto a la población como al Poder Legislativo. En caso de detectarse infracciones a la legislación ambiental o en materia de aguas nacionales, se deberán iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y, de ser procedente, imponer medidas de seguridad, correctivas y sanciones conforme a derecho. También se pide informar al Congreso sobre el estado de las denuncias relacionadas con la presunta contaminación y las acciones preventivas o de remediación determinadas para proteger los recursos hídricos, el medio ambiente y la salud de la población.
