Buscan reformar Ley de Atención a Víctimas en San Luis Potosí para incluir feminicidio y derechos indígenas
Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí propone reformar la Ley de Atención a Víctimas con el objetivo de ampliar el acceso a la justicia, incluir el feminicidio en los esquemas prioritarios de protección y fortalecer la atención con perspectiva de género, inclusión y derechos humanos para comunidades indígenas y afromexicanas.
La diputada Ma. Sara Rocha Medina, autora de la propuesta, explicó que las reformas buscan armonizar la legislación estatal con la Ley General de Víctimas, en particular en lo relativo a garantías procesales como el acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario. También se pretende dotar de mayor inclusión y enfoque diferencial a las políticas públicas dirigidas a comunidades indígenas y afromexicanas.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la inclusión explícita del delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que requieren esquemas prioritarios de protección estatal. Según la diputada, esta medida busca subsanar una deuda histórica en materia de violencia de género y armonizar la legislación local con compromisos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Además, la propuesta introduce derechos orientados a mitigar la revictimización secundaria y el impacto psicoemocional de las víctimas. Se amplía el derecho a contar con traductores e intérpretes, considerando la nacionalidad o condiciones de discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Otro aspecto relevante es el establecimiento del derecho a un periodo de espera y estabilización física y psicoemocional antes de rendir declaración ante el Ministerio Público o autoridades jurisdiccionales. Esta medida busca evitar que la prisa procedimental vulnere la integridad de las personas en momentos de mayor vulnerabilidad, reconociendo estándares internacionales de atención al trauma.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso estatal.
