julio 29, 2026

Presentan iniciativa para impulsar inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+ en instituciones públicas y empresas privadas

Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado propone reformar varias leyes con el objetivo de fomentar la contratación de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en instituciones públicas y promover su incorporación en empresas privadas.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, en conjunto con los diputados Héctor Serrano, Cuauhtli Badillo y Marco Antonio Gama, presentó una propuesta para modificar disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas, la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad, y la Ley Orgánica de la Administración Pública.

La iniciativa busca que las instituciones públicas estatales y municipales, así como los organismos autónomos, promuevan la inclusión laboral de personas que se identifiquen como parte de la comunidad LGBTTTIQ+. Asimismo, plantea incentivos para que empresas privadas con más de 20 trabajadores contraten a personas de este grupo.

En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la población LGBTTTIQ+ enfrenta barreras estructurales para acceder al empleo formal, especialmente en sectores públicos y privados que carecen de políticas de inclusión. La iniciativa propone acciones afirmativas como medida de reparación histórica y para garantizar la igualdad sustantiva.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) de 2021, quienes tienen una identidad u orientación sexual no normativa tienen mayor probabilidad de sufrir rechazo en el ámbito laboral.

La propuesta legislativa busca armonizar las leyes estatales con los estándares nacionales e internacionales, incorporando un mecanismo claro, verificable y progresivo de inclusión laboral para personas LGBTTTIQ+ mediante acciones afirmativas que impulsen contrataciones.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Trabajo y Previsión Social; Régimen Interno y Asuntos Electorales; y Desarrollo Económico y Social; con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.