Diputado de San Luis Potosí propone endurecer penas contra servidores públicos por abuso sexual
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de aumentar las sanciones cuando el delito de abuso sexual sea cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones.
La propuesta incluye un incremento de un tercio del mínimo a un tercio del máximo de la pena que corresponda a las conductas tipificadas, además de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cualquier puesto público por un período mínimo igual a la pena de prisión impuesta y hasta un máximo de diez años.
La iniciativa también modifica el artículo 178 BIS, que define el delito de abuso sexual equiparado. Este se configura cuando una persona, mediante medios electrónicos o cualquier tecnología, contacta, obliga, induce o facilita que niñas, niños o adolescentes, o personas que por su condición no tengan capacidad de comprender el significado del acto o de resistirlo, realicen actos de exhibicionismo corporal o de carácter sexual, simulados o no, con fines lascivos o sexuales.
En la exposición de motivos se señala que el abuso sexual puede afectar a niñas, niños, mujeres y hombres de cualquier edad, y consiste en obligar a una persona a tener contacto sexual mediante caricias, besos, tocamientos, a ver o escuchar pornografía, exhibir los genitales o manifestar cualquier comportamiento de tipo sexual.
El documento destaca que la protección de la dignidad, integridad y libre desarrollo de la personalidad de la infancia y adolescencia es un mandato constitucional y convencional que obliga al Estado a adoptar medidas legislativas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia sexual, especialmente aquella facilitada por las tecnologías de la información.
Actualmente, la norma solo prevé como sanción adicional la destitución del cargo y la suspensión del ejercicio de la profesión por dos años, lo cual resulta insuficiente ante la magnitud del daño y la responsabilidad que conlleva la función pública. La comisión de este delito por parte de un servidor público implica una traición a la confianza ciudadana en las instituciones.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen.
