Diputada propone reducir plazos para presunción de muerte y brindar certeza jurídica a familias en San Luis Potosí
La diputada María Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa para modificar el artículo 651 del Código Civil del Estado, con el objetivo de agilizar la declaración de ausencia y presunción de muerte. La propuesta busca adaptar la legislación estatal a las realidades contemporáneas, especialmente ante el incremento de desapariciones forzadas y catástrofes naturales. Con esta reforma se pretende superar los plazos extensos que actualmente mantienen en incertidumbre jurídica a las familias, permitiéndoles gestionar el patrimonio y acceder a derechos patrimoniales y sociales de manera más rápida.
El proyecto establece plazos reducidos para casos específicos. Por ejemplo, si una persona desaparece al participar en una guerra, viajar a bordo de un buque que naufrague, o durante una inundación u otro siniestro similar, bastará que hayan transcurrido dos años desde su desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin necesidad de declarar previamente su ausencia. En situaciones más graves, como incendios, explosiones, terremotos, catástrofes aéreas o ferroviarias, o cuando existan indicios de que la desaparición sea consecuencia de un delito de secuestro o desaparición forzada, el plazo se reduce a seis meses contados desde el suceso. En estos casos, el juez de lo familiar ordenará la publicación de la solicitud hasta tres veces durante el procedimiento, sin costo alguno y en un plazo máximo de treinta días.
La iniciativa destaca beneficios clave para los deudos. Entre ellos, la agilización de trámites, que pasaría de años a meses, facilitando el acceso a herencias, seguros de vida y pensiones de sobrevivientes. También se brindaría protección a la familia al permitir la disolución del vínculo matrimonial o unión de hecho sin esperar períodos excesivos, dando la oportunidad de rehacer sus vidas. Además, se lograría una gestión patrimonial más eficiente, evitando que los bienes del desaparecido permanezcan inmóviles y sin administración definitiva. Finalmente, se otorgaría seguridad jurídica al dar un cierre legal a situaciones de incertidumbre donde no existe evidencia física del fallecimiento, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las familias afectadas.
La propuesta fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia para su análisis y dictamen. Con esta medida, San Luis Potosí podría convertirse en un referente nacional en la materia, al adoptar plazos más acordes con las necesidades sociales actuales y garantizar una respuesta más humana y oportuna ante tragedias y desapariciones. La diputada subrayó que la reforma no solo beneficia a los familiares directos, sino que también fortalece el marco legal estatal, brindando herramientas claras a los jueces para resolver casos complejos. Se espera que el dictamen sea discutido en el próximo periodo de sesiones, con la posibilidad de que otras entidades retomen la iniciativa como modelo legislativo.
