Congreso de San Luis Potosí aprueba reducir a 20 días las precampañas electorales
En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría un decreto que reforma diversos artículos de la Ley Electoral local, con el objetivo de homologar los plazos de las precampañas para gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. La reforma busca simplificar los procesos y fortalecer las labores de fiscalización, monitoreo y sanción a cargo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
El dictamen modifica el párrafo primero del artículo 209, el párrafo primero del artículo 257, las fracciones I y II del artículo 319, la fracción I del artículo 477, y el párrafo segundo del artículo 481 de la Ley Electoral del Estado. Con estos cambios, la precampaña para la gubernatura pasa de 40 a 20 días, y se desarrollará del 20 de enero al 8 de febrero del año de la elección. En el caso de las precampañas para ayuntamientos y diputaciones locales, el plazo se reduce de 25 a 20 días, del 4 al 23 de febrero del año electoral.
De acuerdo con la exposición de motivos, la unificación de los plazos en un periodo único de 20 días subsana las discrepancias del esquema vigente al simplificar los registros de precandidaturas, el monitoreo de medios de comunicación y el cómputo de plazos sancionadores. Esto optimizará el trabajo del CEEPAC y, en materia de fiscalización, la coincidencia temporal de los procesos internos incrementará la eficiencia en la rendición de cuentas al concentrar las auditorías en un lapso delimitado.
La reforma también incorpora referencias al inicio del proceso electoral local, establecido el 15 de noviembre del año inmediato anterior al de la elección, ya que algunos artículos conservaban la fecha anterior del 2 de enero del año electoral. Con ello se armoniza la normativa con el calendario oficial.
En su artículo transitorio segundo, el decreto señala que el CEEPAC deberá adecuar su normatividad conforme a los nuevos parámetros respecto al plazo de precampaña para gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Durante la discusión del dictamen, el diputado José Roberto García Castillo expresó su voto en contra, mientras que el legislador Marco Antonio Gama Basarte manifestó su respaldo a la medida. La aprobación se dio en el marco de una sesión extraordinaria convocada para tal efecto.
