Gobierno estatal redirige ahorros de nómina a obras y programas sociales
El Gobierno del Estado ha concretado una reducción gradual de más de mil contratos bajo el esquema de honorarios asimilables a salarios, como parte de una estrategia de disciplina financiera que busca liberar recursos públicos sin afectar la operación de las dependencias. De acuerdo con el Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, esta medida responde a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener únicamente al personal necesario para garantizar la prestación de servicios y evitar gastos administrativos superfluos.
La disminución de estas contrataciones se realizó de manera paulatina, con respeto a los derechos de cada trabajador y con la notificación correspondiente sobre la conclusión de los contratos. Además, Lara Enríquez precisó que algunos perfiles considerados indispensables fueron reubicados conforme a las necesidades operativas de cada área, lo que permitió preservar la continuidad en la atención de trámites y servicios públicos.
Los recursos generados mediante esta reorganización administrativa se canalizan ahora hacia obras de impacto social y programas dirigidos a las familias de las cuatro regiones del estado. La estrategia, según las autoridades, no ha implicado una reducción en la calidad o cobertura de los servicios públicos, ya que el ajuste se centró en áreas administrativas y no en el personal de atención directa.
Con estos ahorros, la administración estatal busca fortalecer la inversión en infraestructura y apoyos sociales, al mismo tiempo que consolida una política de austeridad que prioriza la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La medida se enmarca en un compromiso más amplio de saneamiento de las finanzas y de optimización del gasto corriente.
El Oficial Mayor subrayó que la reducción de contratos no implicó una afectación a los derechos laborales de los trabajadores, pues en todo momento se siguieron los procedimientos establecidos y se brindó información oportuna a quienes concluyeron su relación laboral con el estado.
Finalmente, se reiteró que el objetivo central es que cada peso del presupuesto estatal tenga un impacto directo en el bienestar de la población, especialmente en los sectores más vulnerables. Las autoridades confían en que esta política de racionalización del gasto permita avanzar en la cobertura de necesidades básicas y en el desarrollo equilibrado de todas las regiones, sin descuidar la operatividad de las instituciones públicas.
