Iniciativa en San Luis Potosí busca aumentar penas contra servidores públicos que faciliten corrupción
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y evitar espacios de impunidad en el servicio público.
La propuesta plantea incrementar las sanciones para servidores públicos que intervengan en la comisión de delitos de corrupción. De acuerdo con el texto, cuando en la comisión de un delito previsto en los capítulos I a III del título correspondiente participe un servidor público en ejercicio de sus funciones, o aprovechándose de su calidad, ya sea por acción u omisión, y facilite o coadyuve en su ejecución, la pena de prisión prevista para el delito respectivo se incrementará en una mitad.
Además, la iniciativa contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años. Con ello se busca establecer un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas, según explicó el legislador.
Lara Rocha señaló que la reforma no representa únicamente una modificación técnica al marco jurídico, sino que pretende brindar mayores herramientas a los juzgadores para determinar las sanciones correspondientes y proteger la integridad de la función pública. Al precisar que la responsabilidad de los servidores públicos puede actualizarse cuando faciliten o coadyuven en la comisión de un delito, incluso mediante una omisión, se busca atender posibles espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta.
El diputado refirió que quienes desempeñan una función pública tienen un deber de cuidado reforzado que debe cumplirse en todo momento. También mencionó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece obligaciones para los Estados en materia de prevención y combate a este fenómeno, incluyendo medidas legislativas relacionadas con el abuso de funciones y el uso indebido de influencias.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, donde será analizada y dictaminada.
