Diputada propone reforma constitucional en SLP para blindar escuelas contra violencia y ciberacoso
La diputada Ana María de la Cruz Olvera presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de garantizar entornos académicos seguros, libres de violencia y con atención al bienestar psicoemocional de estudiantes.
La propuesta plantea adicionar el artículo 10 de la Constitución local para establecer como obligación del Estado la implementación de configuraciones institucionales de seguridad y monitoreo de paz en las escuelas. Asimismo, busca elevar a rango constitucional la cultura de paz, la prevención de las violencias y el bienestar psicoemocional como ejes transversales del sistema educativo.
De acuerdo con la iniciativa, el Estado deberá coordinar a las instituciones de seguridad y salud mental para garantizar la enseñanza obligatoria de mecanismos alternativos de prevención y transformación pacífica de conflictos. Estas estrategias se adaptarían a las características de cada nivel y subsistema educativo, con el fin de atender las necesidades específicas de cada comunidad escolar.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que el sistema educativo de San Luis Potosí y del país enfrenta una problemática compleja, marcada por la convergencia de la violencia en los entornos escolares, la proliferación del ciberacoso y el deterioro acelerado del bienestar psicoemocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Las instituciones educativas, concebidas originalmente como espacios protectores de formación integral, atraviesan dinámicas de convivencia afectadas por el hostigamiento, la exclusión y la agresión sistemática. Esta situación, subraya, afecta el derecho fundamental a un aprendizaje seguro y digno.
La dimensión del acoso escolar en México está documentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) y por los análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Estos estudios revelan que 28 por ciento de la población estudiantil de entre 12 y 17 años ha sido víctima de acoso en el ámbito académico, lo que representa aproximadamente 3.3 millones de adolescentes afectados.
La iniciativa se fundamenta en el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictamen. Con esta acción, la diputada busca que la protección de los entornos educativos no dependa solo de programas temporales, sino que quede establecida como una obligación constitucional del Estado.
