Iniciativa en San Luis Potosí busca hasta cuatro años de prisión por evasión de pensiones alimenticias
Con el objetivo de reforzar la protección económica y alimentaria de menores, personas con discapacidad y adultos mayores en situación vulnerable, el diputado César Arturo Lara Rocha presentó formalmente una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí. La propuesta, turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso local, contempla modificar diversos artículos para endurecer las sanciones contra quienes incumplan sus obligaciones de asistencia familiar. Entre los cambios destacan penas de uno a cuatro años de prisión, multas de entre 60 y 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y la suspensión o privación de los derechos de familia por hasta seis meses. La acción busca cerrar los vacíos legales que permiten a deudores alimentarios eludir su responsabilidad mediante maniobras deliberadas.
La iniciativa plantea reformar las fracciones II y III, el segundo párrafo, así como adicionar una fracción IV y un tercer párrafo al artículo 202 del Código Penal estatal. Se pretende castigar específicamente tres conductas: ocultar ingresos reales, simular insolvencia o colocarse intencionalmente en una situación de incapacidad patrimonial, y proporcionar datos falsos o alterar el nombre, domicilio o monto de ingresos con el fin de evitar el pago de pensiones determinadas por la ley o por resolución judicial. Según explicó el legislador, estas acciones representan un fraude directo contra el bienestar de quienes dependen de esos recursos para su alimentación y desarrollo. De igual manera, la propuesta incluye como parte de la reparación del daño el pago total de las cantidades no suministradas oportunamente, con lo que se busca resarcir el perjuicio causado a las víctimas.
Lara Rocha subrayó que la reforma pretende que el ejercicio de la acción penal sea independiente de que exista o no un procedimiento previo en materia familiar. Con ello, se fortalecen los mecanismos legales para proteger de manera expedita a los sectores más vulnerables, quienes a menudo ven retrasada o negada la justicia por la burocracia civil. Destacó que la evasión de obligaciones alimentarias tiene un impacto directo en el acceso a recursos indispensables como comida, vivienda, salud y educación. Por ello, consideró urgente que el Estado responda con penas más severas y medidas efectivas contra la impunidad. La iniciativa fue recibida por la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, donde será analizada y dictaminada en los próximos meses, con la expectativa de que se convierta en una herramienta legal sólida para disuadir a quienes buscan eludir sus deberes familiares.
