Plantean reforma para transparentar padrón de deudores alimentarios en San Luis Potosí
La diputada Jessica Gabriela López Torres presentó una iniciativa para reformar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La propuesta busca hacer más funcional, accesible y transparente el registro de quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias. El padrón quedaría bajo la responsabilidad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que se encargaría de su integración, administración, actualización y resguardo, conforme a la legislación aplicable.
Según la iniciativa, el padrón se define como el registro administrativo que concentra y sistematiza la información de las personas que han incumplido obligaciones alimentarias, con la finalidad de contribuir a garantizar su cumplimiento y proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como el principio de reciprocidad alimentaria.
El texto plantea que se considerará persona deudora alimentaria morosa a aquella que, teniendo la obligación de proporcionar pensión alimenticia ordenada por mandato judicial o establecida mediante convenio judicial, deje de suministrarla por más de sesenta días continuos, o deje de cubrir cuatro pensiones en un periodo de dos años.
Además, se establece que la información contenida en el padrón debe ser de carácter público y estar disponible para consulta en medios electrónicos oficiales. Esto se hará en observancia de los principios de interés superior de la niñez, máxima protección y debida proporcionalidad, garantizando la salvaguarda de los datos personales de las personas acreedoras alimentarias, especialmente cuando se trate de niñas, niños o adolescentes.
La diputada señaló que la iniciativa pretende avanzar de manera gradual en el fortalecimiento del padrón, consolidándolo como una herramienta funcional, accesible y efectiva. Se trata de construir un modelo normativo progresivo que permita, en una primera etapa, mejorar la operación del registro y, en el futuro, incorporar mecanismos adicionales que refuercen su eficacia.
La legisladora subrayó que el derecho de alimentos constituye una prioridad de carácter urgente e inaplazable, que no admite dilaciones ni excepciones, ya que de él depende la subsistencia de las personas acreedoras. El incumplimiento de esta obligación no puede ser considerado un asunto menor, sino una problemática que requiere la intervención decidida del Estado para garantizar su cumplimiento.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del estado.
