San Luis Potosí ajusta leyes para atender vulnerabilidades simultáneas de niñas, niños y jóvenes
La Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la homologación con la legislación federal de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el propósito de incorporar una perspectiva interseccional que permita atender las vulnerabilidades que pueden presentarse de manera simultánea en las personas menores de edad. Durante la reunión de trabajo, las y los legisladores integrantes de la comisión coincidieron en que este enfoque representa un avance significativo para el diseño de políticas públicas más precisas, capaces de reconocer que las condiciones adversas no actúan por separado, sino que se entrelazan y multiplican sus efectos sobre la vida cotidiana de la niñez y la adolescencia potosina.
La presidenta de la comisión, la diputada Mireya Vancini Villanueva, explicó que la interseccionalidad no debe entenderse como una cuestión exclusivamente de género, sino como una perspectiva amplia hacia las condiciones que enfrentan las niñas y los niños. Señaló que la reforma se refiere a los casos en que en una sola persona menor de edad convergen diversas vulnerabilidades, por ejemplo, una niña de escasos recursos que además vive con alguna discapacidad, situación que exige programas y estrategias distintas a las que requiere un niño o una niña de escasos recursos que no tiene discapacidad. Precisó que la redacción original de la iniciativa presentada por la diputada María Antonia Castro Castañeda estaba dirigida únicamente hacia las niñas, derivado de que fue tomada de la Ley General de la Mujer, por lo que se modificó para ampliar su alcance y evitar exclusiones.
En el mismo sentido, la comisión aprobó la reforma al artículo 10 de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar, también impulsada por la diputada María Antonia Castro Castañeda, con la finalidad de que en los ayuntamientos de San Luis Potosí las políticas de seguridad y prevención sean permanentes en las escuelas y no dependan de administraciones o coyunturas políticas. Con esta medida se busca garantizar protocolos sostenidos, capacitación continua del personal docente, diagnóstico de riesgos en los planteles y mecanismos de respuesta oportuna ante situaciones que pongan en peligro la integridad de la comunidad estudiantil.
La legisladora subrayó además la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de atención a la salud mental, principalmente en la prevención de casos de suicidio entre los jóvenes, lo que hace indispensable que existan acciones concretas, presupuesto etiquetado y seguimiento institucional. Advirtió que la situación personal se agrava cuando no hay comunicación eficiente con los seres queridos, cuando el malestar no se puede verbalizar y cuando no existe acompañamiento profesional, lo que deriva en hechos lamentables que lastiman a las familias y al conjunto de la sociedad. Por ello insistió en que el problema de salud mental debe atenderse desde las instituciones, con servicios accesibles, sin estigmas y con perspectiva de juventud.
Los dictámenes aprobados fueron turnados al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación correspondiente, informó la legisladora, quien confió en que las reformas permitan cerrar brechas de desigualdad y construir entornos más seguros y protectores para las niñas, los niños, las y los adolescentes potosinos.
