Congreso de SLP eleva a rango constitucional el derecho de acceso a la cultura
El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la reforma a la Constitución Política local que garantiza a toda persona el derecho al acceso a la cultura. La iniciativa fue propuesta por la diputada Brisseire Sánchez López.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la reforma incorpora al texto constitucional estatal el reconocimiento del acceso, la participación, la creación y el disfrute de la vida cultural, además de establecer la promoción de la cultura física y el deporte.
Con esta modificación, se establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.
El texto aprobado señala: “El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.
En la exposición de motivos se indica que el derecho a la cultura es un derecho humano fundamental que garantiza a toda persona, de forma individual o colectiva, el acceso, la participación, la creación y el disfrute de la vida y el patrimonio cultural. A nivel internacional, añade el documento, este derecho protege la libertad de expresión artística, la diversidad cultural y el respeto a la identidad de los pueblos.
El dictamen refiere que este derecho está amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su artículo 27, establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico.
Asimismo, cita el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), que obliga a los Estados firmantes a reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, disfrutar de los beneficios del progreso científico y gozar de la protección de los intereses morales y materiales sobre sus producciones artísticas o literarias.
En el mismo sentido, menciona la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que establece que la diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad y obliga a los Estados a crear entornos que fomenten la creación, producción, difusión y disfrute de la cultura.
El dictamen fue turnado a los cabildos de los 59 municipios de la entidad para su votación.
