Congreso de San Luis Potosí recibe informe de fiscalización con observaciones por mil 798 millones de pesos
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado de San Luis Potosí recibieron el informe sobre el estado que guarda el proceso de fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025, correspondiente a 113 entes auditables. El documento fue presentado por el auditor superior del estado, Rodrigo Lecourtois López, quien detalló ante las y los legisladores el avance de las revisiones practicadas a los distintos organismos, dependencias y ayuntamientos de la entidad. Durante la reunión de trabajo, el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) explicó que se practicaron 180 auditorías que actualmente se encuentran en etapa de solventación de resultados preliminares. El monto observado asciende a 1,798 millones 453,379 pesos, cantidad que se divide entre los poderes del estado, los municipios y los organismos descentralizados sujetos a revisión.
El titular del IFSE precisó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí concentra el mayor número de observaciones, con 450 millones de pesos, principalmente en materia de obra pública. Lo anterior derivó de inconsistencias detectadas en la pavimentación de arterias, ya que las obras no presentan el grosor, la calidad de los materiales ni las especificaciones contratadas y pagadas, de acuerdo con los análisis de campo y de laboratorio realizados por el personal auditor. Por esta razón, el municipio capitalino se colocó como el ente más observado de todo el ejercicio fiscal. En contraste, los ayuntamientos con menos observaciones son Tancanhuitz, Villa Juárez, Xilitla, Lagunillas y Coxcatlán, cuyos resultados preliminares fueron considerablemente menores.
El auditor superior recordó que los entes observados tienen hasta el 1 de diciembre para solventar las irregularidades señaladas, con el objetivo de que el monto pendiente quede lo menos posible y sea sostenible en un juicio posterior, además de poder enfrentar las sanciones que correspondan conforme a la normatividad aplicable. Subrayó que la solventación es un derecho de las entidades fiscalizadas y una obligación institucional, por lo que el Instituto pondrá a disposición los mecanismos necesarios para que presenten la documentación comprobatoria de cada uno de los casos detectados.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Luis Fernando Gámez Macías, informó que se tomó el acuerdo de hacer un llamado desde la Comisión a las y los titulares de los ayuntamientos para que respeten la ley, cuiden el recurso público y no lo utilicen en proyectos políticos, pues habrá una vigilancia permanente sobre el ejercicio de los recursos. Asimismo, recordó que el 28 de febrero el Poder Legislativo recibió las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025 de los tres poderes del estado, siete organismos constitucionales autónomos, 59 municipios, 21 organismos operadores de agua municipales, 20 sistemas DIF municipales, un Instituto Municipal de Planeación y un Instituto Municipal de Vivienda.
