Proponen incorporar el concepto de ‘entorno seguro’ en la Ley de Educación de San Luis Potosí
La diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de incorporar el concepto de “entorno seguro” en dicho ordenamiento. La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictamen correspondiente.
De acuerdo con la iniciativa, el “entorno seguro” se entiende como el conjunto de condiciones físicas, emocionales, sociales y digitales que deben prevalecer en los espacios vinculados con la actividad educativa, a fin de garantizar la protección, el respeto, la inclusión, la accesibilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo integral de la comunidad educativa.
La legisladora afirmó que la educación constituye uno de los principales instrumentos y pilares para el desarrollo integral de las personas, por lo que consideró fundamental la propuesta para la construcción de una sociedad democrática, incluyente, respetuosa y solidaria.
Sostuvo que, para que el derecho a la educación pueda ejercerse plenamente, no basta con garantizar el acceso y la permanencia de las y los estudiantes en los centros escolares, sino que es indispensable que esos espacios sean lugares en los que puedan aprender, convivir y desarrollarse en condiciones de dignidad, respeto, protección y bienestar.
Señaló que las condiciones en las que se desarrolla la vida escolar tienen una incidencia directa en el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las personas educandas, en especial de niñas, niños y adolescentes, y agregó que la creación de entornos seguros es esencial para prevenir cualquier tipo de violencia, principalmente hacia ese sector de la población.
La iniciativa plantea que un entorno seguro implica hacer del hogar, la escuela, el trabajo y la calle un espacio libre de cualquier tipo de violencia. Añade que la seguridad dentro de los centros educativos no puede limitarse exclusivamente a la prevención de accidentes o a la existencia de infraestructura adecuada, sino que debe abarcar la prevención, identificación temprana, atención, denuncia y seguimiento de aquellas circunstancias que puedan vulnerar los derechos, la integridad, la dignidad, la salud, el bienestar o el desarrollo integral de las personas educandas.
El documento señala que la incorporación de este concepto permitirá fortalecer el marco jurídico estatal en materia educativa y proporcionar a las autoridades educativas una herramienta transversal para orientar políticas, programas y acciones encaminadas a garantizar espacios escolares protectores, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.
La diputada puntualizó que la iniciativa encuentra sustento en el reconocimiento constitucional del derecho de toda persona a la educación, así como en los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación, interés superior de niñas, niños y adolescentes y protección integral de sus derechos.
