Proponen obligar a municipios potosinos a destinar 15% de su hacienda a infraestructura hidráulica
El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado con el objetivo de garantizar recursos suficientes para la infraestructura hidráulica en los municipios de San Luis Potosí.
La propuesta plantea establecer a nivel constitucional que los ayuntamientos deberán destinar anualmente cuando menos el quince por ciento de su hacienda a la construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
De acuerdo con el legislador, el acceso al agua es un derecho humano fundamental y uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía en todo el estado es la falta de infraestructura adecuada, las redes obsoletas y la ausencia de tratamiento de aguas.
Gámez Macías explicó que, al elevar esta obligación a rango constitucional, se blinda la inversión y se obliga a las administraciones municipales a priorizar un servicio básico, además de evitar que los recursos se desvíen a otros rubros considerados no prioritarios.
«Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar; esta reforma busca que cada municipio, sin importar su tamaño, invierta de manera obligatoria y transparente en lo que más le importa a la gente, el agua potable en sus casas, drenaje digno y tratamiento de aguas», afirmó el diputado.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y Agua, donde se le dará el análisis y dictamen correspondiente.
Con esta propuesta, el legislador busca que la inversión en infraestructura hidráulica deje de ser una decisión discrecional de cada administración y se convierta en una obligación permanente establecida en la Constitución local, aplicable a todos los ayuntamientos sin distinción de su tamaño o capacidad financiera.
El planteamiento se sustenta en la necesidad de atender los servicios básicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, rubros que, según la exposición del legislador, concentran una de las demandas más reiteradas de la población potosina.
